Ecuador: La trayectoria del correismo a la luz de los conflictos. (2007-2013)

2 julio, 2013

Por: Mario Unda

En este artículo nos proponemos mirar la trayectoria del correísmo a través de las líneas centrales de conflictividad que han marcado este período. Por limitaciones de espacio nos centraremos en la comparación de dos años: 2007, momento de inicio del nuevo gobierno, y 2012, en vísperas de su segunda reelección[1].

2007. La conflictividad sociopolítica en el año I

Al inicio del gobierno, las líneas de conflictividad aparecieron sobredeterminadas por aquellos conflictos que se procesaban en la arena político-institucional y estos, a su vez, por las pugnas entre el gobierno y la derecha. Pero una revisión de conjunto, por más somera que sea, nos muestra que ya desde 2007, en los inicios mismos del régimen correísta, se distinguían con claridad dos campos de conflicto diferentes. Por un lado, el campo de conflicto entre el gobierno y la oposición de derechas; por otro lado, los campos de conflicto en los que veían envueltos los sectores populares. Detengámonos un poco en las características de cada uno de ellos.

1) El campo de conflicto entre el gobierno y la oposición de derechas: allí parecía centrarse el conflicto central, y este se expresaba en tres líneas: a) la disputa por el escenario político institucional; b) el conflicto con los medios de comunicación; c) el conflicto con los gremios empresariales.

a) La disputa por el escenario político se volvió central porque expresaba la lucha por la hegemonía. Después del breve interregno del gobierno de Palacio, el nuevo régimen significaba una transformación de la forma de dominio, con el desplazamiento de las fuerzas políticas que habían mantenido el control del Estado durante el período neoliberal, pero el resultado electoral había dejado la transición a medias, pues Alianza Pais no presentó candidatos al Congreso, que quedó en manos de las derechas coaligadas. Este hecho aceleró la marcha de las cosas, pues las derechas creyeron tener un instrumento adecuado para entrabar el camino del naciente correísmo. Fue la ocasión, en cambio, para el contraataque gubernamental, sustentado en una amplia legitimidad social. En el anecdotario quedan el sorpresivo cambio de un presidente del Tribunal Supremo Electoral, antes afín a Sociedad Patriótica, y la mudanza al correísmo de un número elevado de congresistas suplentes. El hecho fue que Correa convocó a plebiscito y una amplia mayoría aprobó el llamado a la Asamblea Constituyente. Las elecciones que le siguieron confirmaron lo que ya era evidente y las derechas no fueron capaces de ver: se había producido una brecha insalvable entre ellas y la conciencia social. A partir de allí, el escenario político fue ganado por el oficialismo, pese a los intentos discontinuos de la derecha por arrebatárselo (por ejemplo, las marchas organizadas por Nebot).

b) El conflicto con los medios de comunicación fue, desde el inicio apenas una conclusión lógica de la manera en que se iban dibujando las relaciones de fuerza. En el período anterior, los grandes medios adhirieron al programa neoliberal y a la gobernabilidad; no a los gobiernos en particular, aunque algunos les hayan sido más simpáticos, sino a la estabilidad del modelo y del sistema. Fueron también uno de los principales divulgadores de los intentos de hegemonía que el neoliberalismo alcanzó a construir. Mientras las intermediaciones políticas funcionaron más o menos adecuadamente (es decir, lo suficiente como para contener la expresión política institucionalizada de la población), los medios eran una pieza importante, pero no central. Las cosas cambiaron cuando las intermediaciones políticas del neoliberalismo entraron en crisis y no levantaron cabeza, porque entonces el papel político de los grandes medios saltó a primer plano, y en torno a ellos se aglutinó la oposición, favorecidos además por el ataque constante a que comenzó a someterlos el gobiernos: desde entonces, la libertad de expresión (entendida como la libertad de expresión de los medios) se convirtió en punto central de debate y de conflicto, un conflicto que continúa acompañando a la así llamada “revolución ciudadana”.

c) El conflicto con los gremios empresariales aparecía entonces plenamente vinculado con los anteriores, en la medida en que la posición oficial de las Cámaras sustentaba básicamente los diferentes componentes del modelo neoliberal  (liberación de controles para el capital, contención de salarios, flexibilidad laboral, apertura comercial).

2) El campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares se fue configurando, igualmente, desde el principio, aunque por entonces quedara oculto detrás del ropaje progresista de que hacía gala el correísmo, pero también detrás de la ilusión de que podría producirse un encuentro entre el proyecto del gobierno y el programa práctico generado por el movimiento popular en medio de la larga resistencia al neoliberalismo. Dos líneas se desplegaron en este campo: a) conflictos particulares, que tocaban aspectos en cierto sentido secundarios o incluso periféricos del nuevo modelo, y b) conflictos centrales, que apuntaban a aspectos estratégicos de la nueva forma de dominación, aunque aún no se lo distinguiera así con claridad.

a) Entre los conflictos particulares encontramos un conjunto de conflictos locales: por ejemplo, en torno a demandas de servicios en áreas urbanas y rurales: agua, transporte, vías, servicios y equipamientos; o por demandas económicas particulares, como las de vendedores informales de gas, transportistas, taxistas “formales” e “informales”, pequeños comerciantes “informales”, estudiantes y padres de familia, etc., producidas en torno a decisiones sectoriales del Estado central o alrededor de políticas municipales de renovación urbana o de regularización.

Se presentaron también algunos conflictos laborales, que afectaron tanto a  trabajadores activos como a trabajadores despedidos, igual de las empresas privadas que del Estado. Aquí incluimos también las protestas de los jubilados por el pago incompleto o con retraso de sus pensiones.

Y, por último, las protestas contra la violencia, sobre todo contra la impunidad de asesinatos o secuestros. En general, en relación con hechos sucedidos en tal o cual localidad; pero también contra ataques y crímenes sufridos por migrantes ecuatorianos en España.

b) Pero otro grupo de conflictos cuestionaba aspectos centrales de la propuesta correísta. Entre ellos se destacaban los conflictos ambientales que, en estos tiempos, aparecen vinculados con los conflictos indígenas, en cuya visión el ambiente, los recursos, el territorio, la cultura y el autogobierno forman una unidad simbólico-cultural. La presencia justo en esos territorios de actividades de explotación petrolera y minera generó protestas contra daños ambientales generados por empresas petroleras, contra la privatización del agua, contra la persistente invasión de territorios indígenas por parte de colonos y contra la presencia de empresas mineras.

Igual centralidad tuvieron los conflictos en torno a violaciones de derechos humanos, señaladamente vinculados a los conflictos ambientales, pues en este período se refirieron sobre todo a las secuelas de la represión del ejército a las manifestaciones en la parroquia amazónica de Dayuma y el trato violento dado a las protestas de comunidades indígenas contra las empresas mineras.

2012. La conflictividad en el año VI

Los principales ejes de conflictividad sociopolítica durante 2012 tuvieron al gobierno como actor central, y han fluctuado en torno a la afirmación del proyecto hegemónico. Se constituyen tres campos de conflicto centrales: 1) la conflictividad entre el gobierno y las organizaciones y movimientos populares; 2) la conflictividad institucional; 3) la conflictividad entre el gobierno y (sectores de) la burguesía.

1) El campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares se estructuró en torno a cuatro ejes:

a) Los conflictos con las principales organizaciones indígenas se articulan en dos sentidos convergentes: por un lado, el debilitamiento de las organizaciones (cerrar algunos de sus espacios de acción, por ejemplo, en los gobiernos locales –ver, más adelante, la conflictividad institucional–), es decir, una tendencia a afectar su capacidad de acción como sujeto autónomo de resistencia. Pero, por otro lado, los conflictos presentados muestran la disputa de proyectos político-sociales en torno a diversos aspectos: los sentidos de la democracia, planteados, por ejemplo, en torno a la consulta previa; la participación en el manejo del  territorio, especialmente visible en lo que atañe al territorio como espacio de disputa alrededor de actividades consideradas estratégicas para el proyecto dominante (minería, petróleo, hidroeléctricas); la limitación o el desmonte de actividades que constituyen la comunidad como autogobierno, palpable en torno a la ley de aguas y a la justicia indígena, conflictos que vienen de antes; finalmente, la concepción del desarrollo (y del sumak kawsay), que se expresa en los conflictos mencionados.

b) Los conflictos con los trabajadores públicos en torno a las renuncias obligatorias, al el incremento del horario de trabajo o a modificaciones reglamentarias son expresión del disciplinamiento autoritario de los trabajadores estatales; se incluye aquí la reducción de maestros y docentes a la condición de “funcionarios”[2], proceso que se relaciona también con el conflicto alrededor de la reforma educativas, como se verá en el punto siguiente. Paradójicamente, la avanzada gubernamental complementa el sometimiento de las clases trabajadoras iniciado bajo el neoliberalismo. Pero no solo eso: el despido apenas disfrazado de miles de trabajadores se convierte objetivamente en un elemento adicional la creación de una nueva categoría social: la nueva tecnocracia y el nuevo funcionariado. Es preciso no pasar un alto un elemento muy decidor del carácter del régimen, el hecho de que varias de las acciones emprendidas fueron ejecutadas haciendo gala del uso del espionaje y de la presencia policial. Estos conflictos trajeron como secuela resistencias colectivas, pero también reacciones individuales que inauguran formas de acción que habían sido poco usuales entre nosotros (un guía turístico que se encadena a las rieles del tren; una encargada de un bar que se encadena a un poste en un establecimiento educativo).

c) La conflictividad con maestros y estudiantes giró alrededor de las reformas educativas. Sin ser exactamente la misma ha seguido caminos confluentes que se refieren, sobre todo, a la imposición del proyecto hegemónico sin la discusión y participación de los actores involucrados. Desde este punto de vista, se remiten a la democracia, como varios otros conflictos). En lo específico, los estudiantes resienten las dificultades en sus modalidades de estudio (bachillerato unificado, educación técnica) y sus posibilidades de acceso a la educación superior; los profesores resienten la extensión de la jornada de trabajo, las modalidades de escalafón y el incremento de exigencias para poder continuar trabajando. Si lo miramos desde el punto de vista de la movilización social, el conflicto gira en torno al sometimiento y la domesticación de los actores sociales y, más en general, a la limitación de los espacios de organización y movilización.

d) Dos elementos atraviesan todos estos conflictos: por una parte, los intentos gubernamentales de controlar a las organizaciones sociales[3]; por otra parte, la criminalización de la protesta (entendida tal cual fue definida por el informe de la defensoría del pueblo[4]): represión a las movilizaciones, apresamiento y enjuiciamiento, acusaciones de terrorismo, sabotaje y rebelión contra el Estado, una deriva que se ha profundizado en este 2013, sobre todo luego de las elecciones de febrero. Esto le da un sentido particular a los intentos gubernamentales de rebajar las garantías constitucionales y de limitar la capacidad de intervención de los organismos internacionales de derechos humanos.

2) La conflictividad institucional tiene por sentido objetivo[5] asegurar el predominio del Ejecutivo sobre las otras funciones del Estado, que van siendo subordinadas a su dinámica. Allí pueden distinguirse varias líneas:

a) las tensiones con la Asamblea Nacional: sobreutilizando la figura del colegislador, buena parte de la labor legislativa ha pasado a depender de Carondelet (los vetos, la entrada en vigencia de leyes por el ministerio de la ley, las amonestaciones presidenciales a la Asamblea por los exhortos, la demanda de inconstitucionalidad del reglamento de la Asamblea).

b) las tensiones con la función judicial, desde las expresiones de Correa en las sabatinas hasta las sanciones por parte del Consejo de la Judicatura.

c) las tensiones con los gobiernos locales, que adquieren un doble sentido: por un lado, reafirmar el poder central por sobre las capacidades de decisión de los “gobiernos autónomos descentralizados”; y, por otro lado y más allá de las anécdotas particulares, adquieren la forma de pugnas de poder terminan dándole a Alianza Pais un mayor control sobre esas instancias (Cotopaxi, Santa Isabel, pero también la pugna en torno a la frecuencia de Telesangay con el consejo provincial de Morona).

d) los conflictos con las universidades, que tienden a subordinar la reproducción de conocimiento y de la tecnoburocracia a los requerimientos del proyecto hegemónico.

3) El campo de conflicto entre el gobierno y (sectores de) la burguesía se presenta en tres líneas conexas:

a) la conflictividad con las derechas, tanto la “vieja” derecha como la “nueva” derecha, se mueve en el plano ideológico. Pero hay una diferencia: la “vieja” derecha se afirma en la reiteración neoliberal; la “nueva” derecha quiere dar una imagen distinta y afirmarse como la “otra cara” del proyecto de modernización capitalista, y, por lo tanto, apunta a la negociación.

b) la conflictividad con los grandes medios de comunicación expresa dos facetas: una, que se explica porque los medios juegan objetivamente el rol de “partido opositor ausente”, que la derecha no alcanza a afirmar; otra, que se explica porque esos medios fueron, y en parte siguen siendo, instrumento de difusión de los “lugares comunes” del neoliberalismo. Pero ha tenido un efecto adicional: que el debate sobre la libertad de expresión se haya concentrado en las disputas entre el gobierno y esos medios, o entre el gobierno y determinados periodistas, expuestos constantemente en las sabatinas, dejando de lado el derecho a la expresión de la población y de las organizaciones sociales.

c) la conflictividad con la burguesía como clase que se establece, más bien, como una negociación al interior del propio proyecto de modernización: los empresarios cuestionan los nuevos impuestos, pero buscan el modo de afirmarse dentro del plan nacional de desarrollo y del cambio de la matriz productiva. Esta línea parece profundizarse a raíz del viaje de Correa a Alemania en abril de este 2013 y el anuncio de la creación del ministerio de Comercio Exterior[6].

La trayectoria correísta a la luz de la conflictividad sociopolítica

¿Qué conclusiones podemos extraer?

Durante estos años se han mantenido los campos de conflicto, pero se han modificado y han cambiado sus sentidos y relaciones. Y a partir de este 2013, sobre todo desde las elecciones de febrero, se ha profundizado la línea general de desenvolvimiento que expresan las tendencias que analizamos. Pero vamos por partes.

Desde el inicio, la conflictividad sociopolítica se estructuró en tres campos: el campo de conflicto entre el gobierno y la burguesía, el campo de conflicto institucional y el campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares. Pero al principio el conflicto principal parecía ser entre el gobierno y la burguesía, a tal punto que subsumía al conflicto institucional y velaba el conflicto entre el gobierno y los movimientos populares. En la actualidad, la situación es diversa, pues la conflictividad central se ha traslado al campo de conflicto entre el gobierno y los movimientos populares.

Las relaciones entre el gobierno y la burguesía comenzaron como duros enfrentamientos en la política y en la economía. En la política, las clases dominantes tendían aún a expresarse a través de los partidos de la derecha tradicional, que habían asumido el proyecto y el discurso neoliberales y que pretendían, desde allí, socavar la afirmación del gobierno naciente. En la economía, se expresaban a través de los gremios empresariales que enarbolaban un discurso de confrontación, tratando de presionar a un retorno de las políticas económicas del período anterior.

No obstante, también desde el inicio hubieron sectores dentro de las clases dominantes que intentaron otras vías, por ejemplo, el tono de “consejo” que tomaban algunos discursos de representantes de las Cámaras empresariales, o la propuesta nebotcista de construir un “movimiento ciudadano” de derechas (del que resultaría luego la formación del movimiento Madera de Guerrero), o el aparecimiento de nuevas formaciones políticas de derecha, que se pretendían más “modernas”, como UNO, Futuro Ya o Concertación. Pero todos estos intentos estaban finalmente limitados por su dependencia de la ideología neoliberal, tal como se había desarrollado en el período anterior y por su evidente vínculo con las formas políticas anteriores, cuyo descalabro había sido una de las condiciones para el triunfo de Alianza Pais.

Con el tiempo, esa situación se modificaría: desde el ámbito político, con el surgimiento de otros movimientos políticos, como CREO y SUMA, que parecen tener mejores condiciones para expresar una representación más orgánica de las clases dominantes como “la otra cara” del proyecto de modernización capitalista expresado por Correa. Mas se trata de un proceso aún inacabado, pues, como se pudo ver en las elecciones de 2013, la votación de SUMA aún no es suficientemente significativa, y la de CREO aún depende en buena parte de la votación socialcristiana. En todo caso, manejan ya un discurso más contemporizador con (por lo menos algunos de) los postulados correístas. Sin embargo, la modificación fundamental es la que se ha producido en la representación gremial de la burguesía como clase: las Cámaras,  eligieron nuevos dirigentes que ya no se relacionan con el gobierno desde la confrontación, sino desde la negociación y la búsqueda de acuerdos; esto se hizo visible en varios momentos: con motivo de la política para enfrentar la crisis capitalista mundial, en torno al Código de la Producción, pasando por su negativa a respaldar el movimiento policial del 30 de septiembre hasta llegar, más recientemente, a los acuerdos alrededor de la creación del ministerio de Comercio Exterior, de la reanudación de las negociaciones para firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, de la aprobación de las reformas a la ley de Minería, e incluso del cambio de la “matriz productiva” y del nuevo código laboral.

Dicho de otro modo, hoy por hoy el conflicto entre el gobierno y la burguesía se presenta como una disputa al interior y por el proyecto hegemónico de modernización capitalista. Esto no excluye, ciertamente, la presencia de confrontaciones, como ante la ley de comunicación, pero éstas deben entenderse dentro de la disputa por el control de los “aparatos ideológicos del Estado”, es decir, aquellas instituciones mayormente privadas, aparentemente no estatales, pero que juegan el papel central en la producción, circulación y reproducción de la ideología dominante[7]. El carácter virulento de la arremetida gubernamental puede deberse tanto a su debilidad en la generación de su propia sociedad civil, cuanto a la importancia que sobre todo los grandes medios de comunicación tuvieron como sostén ideológico del proyecto neoliberal y a su reciente papel de hecho de instancias políticas de oposición al gobierno[8].

Los conflictos institucionales sufrieron, concomitantemente, una mutación equivalente. Al inicio eran parte de la confrontación entre el gobierno y la derecha, en la medida en que esa derecha tradicional controlaba determinados espacios de la institucionalidad estatal, como el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. Pero estos conflictos adquirieron un nuevo y diferente sentido, cuando esa derecha fue finalmente desplazada de allí tras la consulta popular, las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente, el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución y las nuevas elecciones que refrendaron el triunfo de Correa. A partir de entonces, los conflictos institucionales expresan, sobre todo, a modo de pequeños y sucesivos coups de main, un proceso que lleva a la exacerbación del presidencialismo, forzando la subordinación de todas las funciones estatales al Ejecutivo y reforzando la concentración de poderes en el Ejecutivo -y en la persona del presidente.

Por último, la confrontación entre el gobierno y los movimientos populares dejó de ser una expresión oculta y velada de la conflictividad para convertirse en el eje central de contradicción. Es cierto que durante el primer año de gobierno el escenario de las preocupaciones políticas fue copado por el enfrentamiento entre el gobierno y las derechas, y que eso veló las miradas sobre la conflictividad entre el gobierno y los movimientos populares. Sin embargo, los ejes alrededor de los cuales se produjeron las primeras disputas señalaban ya claramente el sentido contradictorio que irían asumiendo en adelante las relaciones entre el régimen y los movimientos.

Sostenemos que la centralidad de esta contradicción se debe a que desnuda el carácter del proyecto y le opone sentidos diversos, por lo tanto, presenta una posibilidad de construcción contrahegemónica.

Los conflictos con el movimiento indígena muestran la contradicción entre dos proyectos: por un lado, el modelo de desarrollo (la minería, el petróleo, el agua); por otro lado, el sentido de la democracia y del régimen político (la consulta previa -la capacidad decisoria de la participación-, el respeto a la plurinacionalidad como elemento constitutivo del nuevo Estado, la justicia indígena, el respeto a la autonomía de las organizaciones sociales).

Los conflictos entre el gobierno y los trabajadores expresan la necesidad del capital de completar y “normalizar” el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, iniciada bajo los gobiernos neoliberales. Por un lado, el despido de miles de trabajadores públicos y los “nuevos” mecanismos de control implementados; por otro lado, la propuesta de nuevo Código del Trabajo que, al tiempo que reconoce algunos derechos, limita el derecho de huelga y mina la base estructural sobre la que se había construido el movimiento sindical.

Los conflictos entre el gobierno y la inconformidad de estudiantes y profesores expresan los límites de la imposición autoritaria de la reforma educativa (y, más allá de ella, del conjunto de la modernización capitalista).

Este carácter de los conflictos que enfrentan al gobierno con los movimientos populares se reflejó en las elecciones de febrero de 2013. En efecto, en medio de un resultado nacional decepcionante, debido básicamente a la muy baja votación obtenida en la costa y en las grandes ciudades, la Unidad de Izquierdas logró votaciones significativas en zonas caracterizadas por la resistencia organizativa a los ataques del gobierno (Esmeraldas, Cayambe, Cotopaxi), por la resistencia social al modelo extractivista (Morona, Zamora) o por el reconocimiento a gestiones locales (Suscal, Nabón).

Finalmente, no puede dejar de señalarse que el gobierno ha utilizado frecuentemente una respuesta represiva frente a la protesta, configurándose una política de criminalización de la lucha social. Esta tendencia se ha visto fortalecida en el primer semestre de este 2013 (la condena a 8 años de cárcel por “terrorismo y sabotaje” a la expresidenta de la UNE, Mery Zamora, el “doble juzgamiento” impuesto desde una sabatina a los estudiantes del Central Técnico, a los que se acusa de “rebelión contra el Estado”). Aquí resalta cómo el gobierno combina concesiones materiales y simbólicas con una fuerza represiva que no se había observado ni siquiera en las dictaduras militares y una marcada tendencia a controlar no sólo las protestas sino a las propias organizaciones; es decir, cómo busca el consenso activo de los dominados utilizando mecanismos aparentemente contradictorios (políticas sociales “inclusivas” y violencia estatal) para desconstituir las instancias de representación popular autónoma, deslegitimarlas ante la conciencia social mayoritaria, amedrentar a la población y construir, finalmente, un pueblo “incapaz de autorepresentarse”.

En síntesis, lo que se observa es que los conflictos entre el gobierno y la burguesía son conflictos al interior del mismo proyecto de modernización, mientras que los conflictos entre el gobierno y los movimientos populares expresan la confrontación entre dos proyectos distintos.

[1] Utilizamos la información contenida en las cronologías y análisis del Observatorio Social de América Latina (OSAL)  (http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php).

[2] Aquí usamos el término “reducción” al modo en que lo utilizó González Suárez cuando, en su Historia, daba cuenta de la “reducción de los indios a pueblos”. Entre las varias acepciones que al término le reconocía el diccionario de 1737 está la siguiente: “Reducción.  Se toma también por la rendición, sumisión de algún Reino, Lugar, &c. por medio del poder u de las armas”; proviene del latín subjugatio. Aunque en las ediciones modernas se atemperan las definiciones, el verbo “reducir” aún guarda ese sentido: “Sujetar a la obediencia a quienes se habían separado de ella”. En 1737 se lo presentaba claramente así: “Reducir. Significa asimismo vencer, sujetar ò rendir, volviendo à la obediencia ù dominio à los que se habían separado dél” (http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm).

[3] Véase el Decreto ejecutivo 16, del 4 de junio de 2013, mediante el cual Correa expide el “Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”.

[4] Ver al respecto el informe de la Defensoría del Pueblo: Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un estado constitucional de derechos, Defensoría del Pueblo del Ecuador, Quito, 2011. La primera conclusión reza así: “La Defensoría del Pueblo, a través de esta investigación, ha determinado la existencia de una política de criminalización que surge desde diferentes actores, tanto estatales como privados, frente a las omisiones del primero” (p. 53); el subrayado es nuestro.

[5] Utilizamos el término “sentido objetivo” para referirnos a tendencias objetivas que se desprenden del movimiento real, diferenciándolo de la “significación subjetivamente atribuida”, al estilo de Weber.

[6] Recuérdese que este comportamiento ya fue visible en torno a la aprobación del Código de la Producción y de medidas de política económica para enfrentar la crisis capitalista global.

[7] Ver: Louis Althusser: Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Nueva Visión, Buenos Aires, 1988 (en: http://www.moviments.net/espaimarx/els_arbres_de_fahrenheit/documentos/obras/1319/ficheros/Althusser_Louis_Ideologia_y_aparatos_ideologico.pdf.

[8] O las discrepancias en torno a la política internacional en aquellos puntos en que determinados sectores de la burguesía creen que afectará a las exportaciones, etc. El último de estos episodios se está dando en torno al pedido de asilo del exagente de la agencia de seguridad estadounidense, Edward Sowden.

Fuente; lalineadefuego.info

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